El estudio indica que mientras el déficit de viviendas aumenta de manera considerable y se reduce la inversión en planes viviendas, los desalojos a las familias que no tienen ingresos suficientes para adquirir una residencia digna ha aumento de manera significativa, mostrando que desde el 2002 hasta la fecha se han realizado alrededor 13,685 desalojos y que en la actualidad 103,886.5 personas se encuentran amenazadas.
Conforme con las informaciones, aunque el gobierno se ha fijado metas en materias de vivienda, la población que carece de un techo propio no tendrá acceso ni podrá ser beneficiada por futuros planes habitacionales, debido a que los bajos salarios no permitirán pagar los costos de las viviendas que ascienden a unos 2 millones de pesos.
Partiendo de esta realidad, Ciudad Alternativa y la Red Urbana Popular solicitan al gobierno la creación de políticas integrales más acertadas para la construcción de viviendas que beneficien a las miles de personas que viven en condiciones infrahumanas en los diferentes barrios de la capital.
Igualmente, exigen la realización de un diagnóstico de planes de acción local para tierras y viviendas, que priorice los sectores más vulnerables y las áreas de pobreza. Además de la creación de un banco de tierra para la construcción de viviendas sociales.
Mientras que Ramón Batista, miembro de Ciudad Alternativa, hizo un llamado al gobierno a cumplir con su responsabilidad, ya que debido a la falta de viviendas más de 200 familias en casas fabricadas con materiales desechable, lo que hace necesario la puesta en marcha de un plan habitacional con carácter de urgencia.
Batista expresó la necesidad de la creación de una nueva entidad pública que administre los temas referentes a la construcción de las viviendas y ordenamiento territorial.
Autor: LAZARO MEDINA
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